Empresas
En contratación estatal la mayoría de las ofertas no se pierden por precio: se pierden por un requisito habilitante mal acreditado.
Respuesta directa
El derecho público empresarial regula la relación entre una compañía privada y el Estado como contratante o como autoridad: la presentación de ofertas, la ejecución del contrato estatal, las controversias con la entidad y los procesos sancionatorios que pueden terminar en multas o en inhabilidad para contratar. Acerteq trabaja esa relación desde el lado de la empresa, no como firma generalista de derecho administrativo.
Alcance
Revisión de pliegos, requisitos habilitantes, experiencia acreditable, conformación de consorcios y uniones temporales y observaciones al proceso.
Adiciones, prórrogas, suspensiones, restablecimiento del equilibrio económico, liquidación y manejo de la interventoría.
Reclamaciones, conciliación prejudicial y controversias contractuales ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Defensa en multas, caducidad e incumplimiento, y análisis de inhabilidades e incompatibilidades antes de presentar la oferta.
Estructuración y acompañamiento en proyectos de infraestructura bajo esquemas de APP e iniciativa privada.
Derechos de petición, recursos en vía administrativa, licencias y permisos, y acciones constitucionales cuando la vía ordinaria no protege a tiempo.
Señales de alerta
Cómo trabajamos
01
Sesión inicial donde mapeamos la exposición real de tu empresa o tu caso: qué riesgo existe hoy, cuál es su impacto económico y qué tan urgente es.
02
Entregamos alcance, entregables, plazos y honorarios por escrito antes de firmar. Sabes exactamente qué recibes y cuánto cuesta.
03
Un abogado senior responde por tu caso de principio a fin, con acceso directo y sin filtros. Cada solicitud queda registrada en plataforma.
04
Reporte periódico del estado real, alertas normativas de tu sector y revisión anual de la matriz de riesgos legales.
Preguntas frecuentes
Sí, y es el momento más eficaz para hacerlo. Durante el traslado del proyecto de pliego se presentan observaciones, y contra el pliego definitivo pueden interponerse acciones cuando incluye requisitos que restringen indebidamente la competencia o están hechos a la medida de un proponente. Reclamar después de la adjudicación es mucho más difícil que corregir el pliego a tiempo.
Es el derecho del contratista a que la ecuación financiera pactada se mantenga cuando circunstancias imprevistas y ajenas a él alteran el costo de ejecución: mayores cantidades de obra, actos de la administración o hechos sobrevinientes. Restablecerlo exige acreditar el hecho, la imprevisibilidad y el impacto económico con soporte contable, y reclamar oportunamente: el silencio durante la ejecución debilita la reclamación.
Entre otras causales, por la declaratoria de caducidad del contrato, por sanciones por incumplimiento, por condenas a la sociedad o a sus administradores en ciertos delitos y por la vinculación con personas inhabilitadas. La inhabilidad se extiende por períodos que la ley fija y puede alcanzar a matrices y filiales, por lo que conviene verificarla antes de conformar un consorcio y no después de la adjudicación.
En la mayoría de las controversias contractuales la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría es requisito de procedibilidad: sin ella la demanda se rechaza. Es además una oportunidad real de cierre, porque los comités de conciliación de las entidades pueden aceptar fórmulas cuando la reclamación está bien soportada. Preparamos esa audiencia con el mismo rigor de un juicio.
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